Sin esperar a septiembre, el gobierno continúa tomando medidas contra los trabajadores y trabajadoras, llegando a acordar junto al Partido Popular una reforma urgente de la Constitución por la que se limitaría la capacidad de endeudamiento del estado español. Con esta reforma se pretende que todas las administraciones públicas españolas tengan un mandato constitucional por el que sus déficits presupuestarios y sus deudas acumuladas se mantengan por debajo de unos determinados niveles preestablecidos.