Valoración del Informe “Financiación del Sistema Universitario Español” de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria.
En abril de 2007, el Consejo de Coordinación Universitaria (cuyas competencias han pasado con la reforma de la LOU al Consejo de Universidades y a la Conferencia General de Política Universitaria) emitió un Informe sobre la Financiación del Sistema Universitario Español que sirve de base para la reforma en marcha del modelo de financiación universitaria y la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (proceso de Bolonia).
Sus contenidos tienen ya su aplicación práctica en la llamada Estrategia Universidad 2015, cuyo Plan de Acción 2009 aprobó el gobierno del PSOE el pasado viernes 30 de enero, o en los recortes presupuestarios ya aplicados por algunas comunidades autónomas como Madrid (PP), cuando no congelación como en comunidades gobernadas por el PSOE, etc.
Antes de pasar a un análisis resumido de los puntos que conforman el Informe, hay que señalar que, aunque está elaborado por parte de supuestos “expertos” en financiación de universidades públicas, y su objetivo expreso sea elaborar finalmente un modelo de financiación para la universidad pública, realmente no se acaba concretando dicho modelo de financiación en ningún momento, y únicamente se repiten hasta la saciedad unos objetivos, decididos y definidos ya en la estrategia de Lisboa, basados en unos principios y unos valores completamente pervertidos por la lógica empresarial (se habla de equidad que no de igualdad…), cuando no son principios escogidos directamente del pensamiento económico (eficiencia, eficacia, excelencia e incluso ¡rentabilidad social!). Pasemos ahora a un análisis más detallado.
En los tres primeros apartados del Informe se hace un análisis de la situación del sistema universitario español en el que se examinan sus características institucionales, organizativas y económicas, para enfrentarlas y compararlas luego a las características de los sistemas universitarios que se pretende imitar por sus “estrategias de éxito ante los retos de la globalización”. Todo ello bajo una enferma concepción mercantilista de la educación, que va a estar presente a lo largo de todo el Informe tal como ya se ha indicado. Para hacernos una idea de lo que se plantea cabe destacar las siguientes ideas:
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Al hablar de responsabilidad social hacen referencia, entre otras cuestiones, a la rendición de cuentas de las universidades frente a la sociedad, pero sin determinar o concretar cuáles son los objetivos que marca la sociedad, cuáles son las demandas cambiantes de la sociedad. Al establecer como prioridad el satisfacer las demandas del “sector productivo” (eufemismo de “empresa”) lo que hacen es asimilar esos objetivos y demandas que marca la sociedad a los objetivos y demandas de las empresas. Vamos a ver cómo los fines de la educación universitaria son colonizados por las necesidades empresariales.
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Aseguran que una menor regulación del sistema universitario, una mayor especialización de los centros (en cuanto a títulos y ciclos), etc., permitirían crear centros de excelencia (que se determinará a través de ránkings universitarios e informes anuales de resultados…) y competitivos (¿competición de qué y con quién?)
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Como sistema de gobierno universitario a imitar se destaca el anglosajón, cuyas principales características son: una reducción del peso de los colectivos académicos en la elección de los responsables ejecutivos (debe ser esto a lo que se refieren cuando hablan de autonomía universitaria), una participación creciente de directivos externos de bajo perfil político (no dicen nada de perfiles empresariales o económicos) con capacidad ejecutiva mayor y menos dependientes.
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Se recomienda abandonar definitivamente el modelo de financiación incrementalista (con el que se asegura mantener al menos los “servicios” prestados el último año) y sustituirlo por modelos objetivos (esto es, en función de la demanda), de modo que los “servicios” no demandados por la “sociedad” no tendrán financiación y desaparecerán.
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Se recomienda también aumentar la financiación privada (que tendría como contrapartida la prestación de servicios), “sin reducir la pública”.
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Al hablar de eficiencia como uno de los aspectos a mejorar expresan su deseo de ajustar la “oferta y la demanda” de títulos. De esta manera nos dicen que los títulos poco demandados sólo tendrán cabida si son demandados. También buscan mejorar la “eficiencia del rendimiento académico de los estudiantes” pero no indican cómo, salvo la insinuación de la ayuda que les prestará el nuevo sistema de créditos y el nuevo modelo docente propuesto.
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Es en la búsqueda de la eficacia donde queda patente de una manera más clara la entrega y sumisión total de las universidades a las empresas. Aquí, argumentando que la universidad no ofrece enseñanzas adaptadas a la sociedad, recomiendan (literalmente): tomar medidas para desarrollar habilidades que faciliten la inserción laboral y el desarrollo profesional, aumentar servicios de orientación y asesoramiento laboral, ofertar una formación bajo demanda de los empleadores, llevar a cabo una investigación y producción científica rentable que pueda pasar de los laboratorios a las actividades productivas, y por último, a los investigadores les recomiendan mejorar su receptividad hacia las demandas de innovación del “tejido productivo”.
En el apartado dedicado a analizar los obstáculos para impulsar los cambios que plantean, dentro de los obstáculos derivados de la regulación y la organización, afirman que el sistema retributivo es poco flexible y poco diferenciado en el reconocimiento de los diferentes niveles de rendimiento personal, y se recomienda optar por una gestión por resultados y una retribución por incentivos. A su vez, aseguran que la sociedad del conocimiento es un mercado cada vez más concurrido y competido, con lo que dejan muy claro, una vez más, cuál es su visión de la educación superior.
A la hora de responder a la pregunta de si hacen falta más recursos analizan los que para ellos deben ser los objetivos institucionales, esto es, excelencia y calidad para los “usuarios” (donde incluyen a empleadores y empresas), y el nivel de recursos de otros sistemas a los que se pretende imitar, llegando a las siguientes conclusiones:
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Por un lado son necesarios más recursos: Para lograr una atención más personalizada hay que reducir el tamaño medio del grupo, y para eso es necesario más profesorado, más equipamientos, infraestructuras, personal de apoyo, etc.
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Pero por otro hay que dedicar menos recursos: Con el nuevo sistema metodológico que se pretende imponer (reducción de la jornada presencial, menor duración de los ciclos,…) y con la pretendida adaptación de la oferta a la demanda de grados… son necesarios menos profesores, aulas teóricas, laboratorios, PAS, gastos generales, etc.
Así que, de este modo, continúan sin concretar el análisis y sin hacer ningún tipo de recomendación clara acerca del modelo de financiación a establecer. Lo que sí muestran es el resultado que se ha dado en otros países: menos profesorado estable y más profesorado en formación y personal de apoyo.
Antes de pasar a exponer las propuestas propias como Comisión de Financiación y de establecer un modelo para la determinación de los costes (y por tanto, la financiación básica), hacen una serie de consideraciones bastante relevantes en cuanto a la financiación como instrumento para el cambio en las universidades:
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Entendiendo que un plan de financiación sirve para identificar qué servicios se prestan y determinar cómo han de ser financiados, habrá que tener en cuenta, entre otras, las siguientes variables: estructura de la plantilla (PDI-PAS) y su cualificación, el tamaño medio del grupo (TMG), la ratio profesores/estudiantes, el coste de la plantilla y el personal de apoyo, el coste de los PAS asociados al personal investigador y el coste de la capacidad investigadora (sea esto lo que sea)
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Para calcular las subvenciones de los servicios docentes y los servicios I+D+i hay que considerar, entre otras cuestiones, la demanda de dichos servicios y sus costes referenciales. En el cálculo de estos últimos se tienen en cuenta los costes de las universidades que “produzcan” un titulado más barato y los costes de las universidades cuyos estudiantes son más fácilmente “empleables”.
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De ningún modo se debe financiar “ineficiencia”, esto es:
o No financiar servicios más caros que los ofertados por agentes privados con la misma calidad (esto, cuando de ningún modo los principios, criterios y estrategias pueden ser iguales en el sector público y el privado)
o No financiar servicios poco demandados. Por ejemplo, los títulos con menos de 75 alumnos se consideran poco demandados, y por lo tanto suprimibles independientemente de su interés, relevancia educativa, social,…
o Establecer valores de rendimiento y abandono asumibles y deseables.
o No financiar investigación irrelevante (nos tememos que no incluyen en este apartado la investigación militar)
o No financiar I+D+i no demandada por los “sectores productivos”.
Y todo esto, dicen, siempre bajo un funcionamiento no intervencionista (como si lo que plantean fuera no intervenir) y no proteccionista (como si de este modo no se estuvieran protegiendo descaradamente los intereses del “sector productivo”), que lleve a una competición por recursos. Esta competición por recursos (siguiendo la retórica liberal) servirá de incentivo para orientar a la consecución de los objetivos planteados.
Propuestas de la Comisión de Financiación Universitaria
En este apartado del informe volvemos a encontrarnos con que, salvo la recomendación de aumentar el porcentaje del PIB de dedicado a la enseñanza superior y pasar del 1,22% al 1,5%, no hay ninguna propuesta o recomendación clara, determinada y cuantificada, si no que son todo, una vez más, palabras huecas y vanas, Ese esfuerzo financiero y presupuestario que habría que realizar debería ser compartido por el sector público (en un 80%) y el sector privado (en un 20% y dedicado a I+D+i únicamente, para de esta manera establecer qué investigar).
Las políticas más destacables de las que sugieren son las siguientes:
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Ampliación de becas y ayudas al estudio. En este caso bajo la fórmula de los préstamo-renta (préstamos condicionados a una renta futura).
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Reordenación del sistema retributivo estatal de productividad docente y de gestión e investigación del profesorado. Se pasaría a un funcionamiento por resultados y a “incorporar prácticas que son habituales en el ámbito empresarial”. En este sentido, se revisarán los sexenios y la productividad asociada a la antigüedad y se establecerá:
o Un nuevo complemento por productividad docente para diferenciar niveles de “excelencia”. Este complemento se evaluará de manera externa y se tendrá en cuenta también la satisfacción de los alumnos y la “evaluación de los pares” (resto de docentes).
o Un nuevo complemento de productividad investigadora que considere el rendimiento científico, la “excelencia artística” (¿?), y su contribución a la aplicación en la “economía productiva”.
La recomendación más relevante que se hace para alcanzar resultados y recursos es la relativa a las condiciones que ha de cumplir el modelo de financiación que se establezca. Éste deberá tener vigencia plurianual (4 ó 5 años); deberá ser formulado en función de variables objetivas “preferiblemente” consensuadas; deberá penalizarse prácticas “ineficientes”, “intervencionistas” y “proteccionistas”; por último se deberá incorporar al menos un 15% de financiación por resultados.
El informe se completa con dos anexos. El primero de ellos lo presentan como un modelo para la determinación de los costes referenciales y el cálculo de la financiación básica. Sin embargo, ni siquiera aquí encontramos un esquema estructurado o mínimamente serio sobre los modelos a aplicar. El segundo de los anexos se compone de una completa e interesante serie de datos estadísticos y esquemas sobre la educación superior.
Conclusiones
Tal como ya se ha comentado, este informe no es más que un gesto encaminado a mostrar que se está trabajando en la línea de tener preparado un modelo de financiación acorde a las exigencias de Bolonia. En el informe lo único que encontramos son valoraciones, comparaciones, análisis y recomendaciones muy ideologizadas que vienen a confirmar las consecuencias negativas implícitas y explícitas en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia) en las que se fundamenta la posición contraria de CNT-AIT al EEES.
Tanto la ministra como lxs rectores suelen despacharse descalificando a quienes defendemos una postura contraria a Bolonia con acusaciones de ignorancia, falta de seriedad manipulación e incluso de mentir intencionadamente. El informe oficial que aquí analizamos y esta valoración dejan claro dónde reside la manipulación y la mentira.
Febrero 2009
POR UN APRENDIZAJE LIBRE, NO A BOLONIA,
NO A LA MERCANTILIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT de Madrid
