Sabíamos que el momento debía llegar, a pesar de ello no pensábamos que la osadía de algunos convencidos colaboradores del neoliberalismo en el país, precipitara tanto las cosas como para materializar la insistente voluntad del ejecutivo y su flamante ministro de seguridad social de poner el sistema actual de pensiones en la UVI de la economía social.
El Estado no trata igual los problemas de trabajadoras y trabajadores que y los deseos patronales. Mientras las leyes que nos favorecen tardan una eternidad en concretarse -si alguna vez se concretan-, las que favorecen a los burgueses se materializan en breve espacio de tiempo. Todo por el bien de la economía y la acumulación de capital, Santo Grial de la sociedad burguesa.
Hace poco, los “agentes sociales” del Sector de la Construcción (patronal y sindicatos colaboracionistas) han firmado un preacuerdo que dará paso al VII Convenio General del Sector de la Construcción, sector de gran importancia en la economía del país, dado el nivel de empleo del mismo.
Tras varios párrafos que tratan de justificar una práctica -que desde nuestra Organización rechazamos por ser la antítesis del sindicalismo- desgranan los diferentes aspectos del preacuerdo, justificados con falsos argumentos que vienen a confundir a las incautas trabajadoras que confían en ellos y a aquellas otras a quienes les es más cómodo dejarse arrastrar por las políticas y decisiones de los sindicatos del régimen, que combatir y defender sus derechos.
Tras una oda de sometimiento a la extraordinaria reforma laboral del pasado año y con un articulado muy difuso, que las más expertas analizarán con mayor precisión y acierto, nos encontramos con un escueto párrafo dónde se acuerda introducir las pensiones de empresa, dentro del convenio del sector de la construcción. La brevedad e inconcreción del párrafo no permiten sacar más conclusión que la firme voluntad del gobierno PSOE-Unidas Podemos y los ministerios sindicales de llevar al sistema público de pensiones al macabro terreno de la actual financiarización mundial.
Claramente alineados con los dictados del neoliberalismo europeo instalado en Bruselas y de los mercados financieros, gobierno y agentes sociales tratan, a través de los Planes Privados de Empresa de Estimulación Pública, de coaccionar y llevar a trabajadoras y trabajadores a un callejón sin salida, donde los últimos años de su vida sean de penuria y desazón por falta de recursos económicos para su subsistencia.
No es capricho de los capitalistas: Razones ideológicas, egoísmo individual y acumulación necesaria de capital, son los vectores que dirigen esta barbarie, con el consiguiente resultado de precariedad al final de nuestra vida.
Nos acecha a la clase trabajadora el gran poder de la financiarización de la economía, que tras la crisis del 2008, incrementó de forma obscena su participación y control del mercado industrial, mediante la financiación de las empresas de productos y servicios, siendo estos sus verdaderos objetivos, sin importarles más que su beneficio.
Salarios y puestos de trabajo, están cada vez en mayor riesgo ya que los capitales que se forman con los fondos privados de pensiones (de promoción publica o privada) nutren las empresas -a través del mercado de capitales, verdaderos amos de la economía- para sus nuevas inversiones, obligadas por la vorágine de los mercados de productos y servicios. Como consecuencia, las propias trabajadoras y trabajadores nos convertimos en nuestros propios sepultureros, con el conocimiento y la complicidad del gobierno “progre-neoliberal” y de unos sindicatos colaboracionistas que saben -a ciencia cierta- hacia qué destino nos encaminan.
Este, y no otro, es el perverso objetivo del Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo (121/000093), aprobado el 4 de marzo de 2022, por el procedimiento de urgencia, que ampara el caricaturesco preacuerdo del sector de la construcción.
Este objetivo es la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, canalizado a través de la no-negociación colectiva, preferentemente sectorial, diseñando, además, un nuevo incentivo fiscal. Ello supone la descapitalización del Sistema Público de Pensiones, no sólo por todo lo anterior, sino por la no cotización a la Seguridad Social, suponiendo un “ahorro” de casi 400 euros por trabajador.
Esta Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, será aprobada este verano, si no hacemos nada. Ojo, porque los convenios colectivos tendrán que renovarse para incorporarlas.
No queda otra:
Trabajadores y trabajadoras en activo, junto con pensionistas debemos responder con valentía frente este nuevo atropello al que quieren llevarnos.
Basta ya de engaños:
- Luchemos para que este puñado de buitres saquen sus manos de nuestro sustento.
- Expliquemos lo que ocultan los planes de pensiones de empresa.
- Denunciemos esta maniobra permanentemente en todos los centros de trabajo: Con asambleas, movilizaciones, conferencias, …
- Paremos este ataque de los mercados financieros a nuestro presente y futuro.
- Desenmascaremos a los antisindicalistas de esta farsa, que se les caiga la máscara que oculta su traición de clase.
- Preparémonos para hacer frente a este cambio que nos quieren imponer.
¡Trabajadoras, trabajadores, no aceptemos en la negociación con los patronos ningún plan de empresa que es la sepultura del presente y el hambre del mañana!
