ANA SIGÜENZA | Ilustración: EMEZETAEME | Extraído del cnt nº 420
Hoy día, los hogares trabajadores se encuentran con tesituras inviables, sin poder pagar los cuidados requeridos. No estamos pudiendo adaptar el apoyo informal a los cambios sociales. Otra presión más para que la mujer vuelva a los cuidados, atajo a un incierto futuro. La abnegación mediterránea, la microsolidaridad familiar de hijas, madres y abuelas no tendrá continuidad generacional.
Para la mayoría de la gente trabajadora, los cuidados representan un gran reto, un quebradero de cabeza, pero -bien planteados- pueden ser una oportunidad, también con la profesionalización de los mismos y la universalización de estos servicios.
La protección
La migración a las ciudades -y el capitalismo industrial- aumentaron las necesidades y disminuyeron los recursos disponibles, especialmente, los mecanismos naturales de solidaridad anteriores. La sistematización llegó con las sociedades industriales, si bien no desaparecieron la caridad o la filantropía.
Los cuidados abarcan población de todas las edades, integrados en una intervención más global de respuesta a necesidades más o menos permanentes de apoyo, susceptibles o no de evolucionar, orientada a garantizar calidad de vida.
Derechos actuales antes fueron “gracias” o “favores”. Las revoluciones consiguieron ese salto cualitativo. De todas, la presión del movimiento obrero fue la más decisiva, pero no todos los sistemas de protección alcanzaron el mismo nivel de cobertura: el derecho a la educación es más universal que la protección a la dependencia, por ejemplo.
No todos los sistemas de protección alcanzaron el mismo nivel de cobertura: el derecho a la educación es más universal que la protección a la dependencia.
En lugar de universalizarse más derechos, se desmonta nuestro incipiente Estado del Bienestar y, junto con la falta de presión del movimiento obrero y la desidentificación de la clase trabajadora, el capitalismo lo ha tenido fácil: los sistemas de protección existen como yacimientos que explotar por los depredadores del sector público, mientras cierta población aplaude su privatización.
Los derechos de las personas receptoras de cuidados son compatibles con los de las personas profesionales, pero ninguno de ellos puede ser garantizado sin incluir en la ecuación al sistema público.
Respuesta a la dependencia y profesionalización
La profesionalización de los cuidados requiere conocer y aplicar el avance científico del campo social dirigido a respetar derechos y necesidades de las personas atendidas.
Los modelos de intervención comenzaron a cambiar en los años 70. Personas antes consideradas enfermas o deficientes (modelo clínico) pasaron a educables (enfoques educativos, socioeducativos y psicosociales). También sustituimos conceptos como deficiencia y minusvalía por discapacidad y diversidad funcional. Situar la discapacidad, como resultado de la interacción entre dificultades personales y apoyos disponibles, es un acierto estratégico esencial: centrarse en el apoyo y no en las limitaciones. Lo asistencial perdió influencia.
De este modo, criaturas con discapacidad -antes marginadas- pasaron en los 70-80 a centros educativos. Desde los 90, la etapa de 0-6 años es considerada educativa, también. No obstante, los gobiernos reaccionarios siempre intentan devolverla a lo asistencial, mucho más lucrativo.
En cuanto al resto de colectivos, la filosofía y la metodología de intervención dieron un enorme salto cualitativo, al basarse en un enfoque multicausal, en la intervención centrada en la persona y en el modelo de calidad de vida. Estos tres aspectos son de enorme trascendencia.
El enfoque multicausal parte de concebir al ser humano como un todo, con interdependencia de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, integrado en un entorno económico y político, que determinará en gran parte la satisfacción de sus necesidades. Así cualquier problema en un aspecto, repercutirá negativamente en otro y a la inversa: mejorar un aspecto, mejorará el resto.
La intervención centrada en la persona consiste en la personalización, en la individualización: dar los apoyos necesarios para una vida lo más autónoma posible, para que la persona pueda satisfacer todas sus necesidades, respetando su autodeterminación. De ahí la obligatoriedad de que cada persona atendida tenga su propio Programa Individual de Atención (PIA), contra la estandarización del trato.
Esta autodeterminación es la capacidad y el derecho de una persona para actuar libremente y tomar decisiones propias, asumiendo sus consecuencias. Ella, junto con el bienestar subjetivo son factores indispensables de calidad de vida. Tener calidad de vida implica satisfacer ocho tipos de necesidades: Bienestar emocional, material, físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos. Como vemos, lo físico es una mera parte, no el todo.
La intervención centrada en la persona consiste en la personalización, en la individualización: dar los apoyos necesarios para una vida lo más autónoma posible.
Junto a las definiciones de dependencia y autonomía, nacieron sus clasificaciones internacionales, como la CIF (Clasificación lnternacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud), base de la “Ley de Dependencia” (Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia, LAPAD).
Equipamientos, servicios y personal han de adaptarse a los nuevos paradigmas. En 0-6 años, el 99% del personal es educativo o socioeducativo. Pasamos de guardería (asistencial) a escuela infantil (educativo).
En el resto de sectores y colectivos, las nuevas respuestas (centros de día, ayuda a domicilio, viviendas tuteladas…) implican una nueva filosofía de organización, de ahí nuevos perfiles profesionales, también. Su deontología debe partir de los derechos de destinatarios. En otras palabras: que la persona cuente con los apoyos necesarios para que pueda seguir con su vida, no sólo ¡con vida! Por fin….
Ah!, pero en España, el corporativismo sanitario y los intereses empresariales hicieron la pinza, obstaculizando todo lo posible la implementación de este avance: Bastantes equipamientos seguían dirigidos por médicos y casi todo el personal era sanitario, a diferencia de educación.
Una contradicción que pagan las usuarias: Equipamiento social, pero cultura interna hospitalaria. En la profesionalización, lo sanitario resistió e invadió el contexto psicosocial, impidiendo lo contrario. El derecho de la persona a una intervención respetuosa con su calidad de vida se vio perjudicado. Mantenerla con vida, pero sin su vida.
Es patente la diferencia de cultura profesional entre ambos campos: Para lo social, tener una enfermedad es un rasgo más, como gustos, familia,.. Se dice: tiene una enfermedad, no es un enfermo. Tiene discapacidad, no es discapacitada. Pero, claro, el asistencialismo centrado en lo físico es más rentable y fácil de privatizar.
La concreción de la profesionalización
Ya se habían empezado a implementar servicios como el de la Ayuda Domicilio (SAD) por parte de municipios o diputaciones. Y, a pesar de estar bastante privatizada, había buenos modelos, como Getafe o Barcelona. Buenos, porque aplicaban los principios referidos, ejercían su papel (como Administración Pública) de selección, formación, seguimiento y control del servicio. La formación inicial de las trabajadoras era hasta de 300 horas previas. La persona usuaria tenía su programa individualizado, preventivo, rehabilitador, educativo y asistencial. Esta ayuda especializada incorporaba técnicas de intervención en atención personal, doméstica, social, educativa, psicológica y de relaciones con el entorno. Las intervenciones eran programadas, supervisadas, evaluadas y reprogramadas sistemáticamente. En Getafe, además, se potenció a las vecinas para que constituyeran la asociación que prestaría el servicio (AGAD). Mucha más dignidad que lo ocurrido después.
A pesar de que los servicios estaban bastante privatizados, había buenos modelos, como Getafe o Barcelona.
En formación, como parte de la profesionalización y dignificación de estas profesiones se vio la necesidad de contar con la FP, que en 1990 organizó los perfiles profesionales no universitarios en niveles de cualificación de la Unión Europea (UE). Afortunadamente, se mantuvo en línea con el paradigma internacional y el encuadre de estas actividades económicas en Europa: Separó el campo sanitario del de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC).
En SSC quedaban situados los sectores: educativo, socioeducativo y sociosanitario. Se crearon varios títulos de grado superior, junto con el primero sociosanitario medio: Técnico en Atención Sociosanitaria (2003). Sus 2000 horas de formación y su evaluación en situación real de trabajo, totalmente adaptadas al paradigma.
En 2003 la Comisión Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) ratificó esta organización del campo profesional SSC en cuatro áreas, siendo una de ellas: Atención e integración social. Así en el nivel 2 se reconocieron, además del mencionado título, tres cualificaciones y sus certificados de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Gestión de llamadas de teleasistencia.
En 2006, la LAPAD, ley de “dependencia”, distinguió por primera vez tres figuras: Cuidadores profesionales, asistentes personales y cuidadores no profesionales. Al fin se lograba la visibilización y la cotización a la S. Social de cuidadores/as no profesionales.
Los profesionales debían tener en 2015 su cualificación o certificado de profesionalidad, para trabajar en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Bastante plazo, pero difícil, pues la mayoría carecía de acreditación sociosanitaria: Sobre todo mujeres, alto porcentaje de inmigrantes, con pocas credenciales educativas o, bien, no homologables en España.
En 2009, tomando como base la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002, se reguló la acreditación de la competencia profesional adquirida por experiencia laboral y vías no formales de formación. Este procedimiento gratuito y único de evaluación y acreditación, implicaba convocatorias de las Administraciones. Podían acreditarse partes de un título de FP o de un Certificado de Profesionalidad.
En 2010 ya estaban preparados los agentes (casi todos, empleados públicos en activo de Trabajo y Educación autonómicos). En ese año -o antes- gran parte de las comunidades lo convocaron.
Pero la Comunidad de Madrid llevaba 9 años de boicot a la LAPAD. Obstáculos para personas con dependencia y sus cuidadoras/es: un agravio comparativo ideal para los lobbies emergentes, arrebatando competencias a los ayuntamientos, en detrimento del control y seguimiento público del SAAD.
En 2014, la mayoría de trabajadores por acreditar era de Madrid Región, los agentes públicos formados en 2010 seguían esperando, y la Comunidad Autónoma hizo lo peor: privatizar el proceso de acreditación a través de patronal y sindicatos institucionales. Consecuencia: mercadeo de cursitos, ineficaces para capacitación, pero útiles en servidumbre.
Cifras
Son necesarias para mostrar la gravedad de la situación.
El SAAD se ha extendido, pero con baja calidad, por infrafinanciación, gran variabilidad intercomunidades, falta de control de empresas y la insuficiente e inadecuada formación del personal. Este SAAD de bajo coste (low cost) repercute en la calidad y la ética de servicio. Baste decir que el empleo nuevo es un 33% temporal. Muy atractivo para las corporaciones que sólo están interesadas en el fácil apoyo físico o asistencial, mientras que margina al resto de colectivos que requieren otro tipo de apoyo.
No podemos hablar de verdadero sistema con 15 leyes autonómicas de Servicios Sociales y gran disparidad entre comunidades, no sólo por financiación, sino por modelos de gestión, incluso, profesionalización. En el SAAD, el Estado sólo pone un 20% del 50% acordado. Las autonomías están asumiendo el 80%, de ahí la disparidad.
Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en 2018 teníamos millón y medio de personas con dependencia reconocida y 130.000, por valorar: El 3% de la población necesita apoyo para sus Actividades Básicas de la Vida Diaria. Más de la mitad son mayores de 80 años. 70%, mujeres. La pensión media de las mujeres en España es de 785 €. 250.000 personas dependientes no reciben nada. En 2018, 30.000 de ellas murieron sin sus derechos de atención, o sea, 80 diarias. ¡Cien mil! personas con los mayores grados de dependencia no tienen ni Programa Individual de Atención (PIA), esencial para una vida digna, tanto para ellos y como para sus familia.
En 2018 teníamos millón y medio de personas con dependencia reconocida y 130.000, por valorar.
Con la denominada por los expertos “demolición del SAAD” (2012-15), se dejaron de generar o mantener 30.000 puestos de trabajo. Se llegó a bajar el grado de dependencia ya reconocido de personas con parálisis cerebral ¡! y se quitó el poquito avance para cuidadores no profesionales.
Hoy, la persona usuaria no puede elegir, no hay inspección, ni control que merezcan tal nombre. Las usuarias están indefensas ante la Administración en sus reclamaciones de dependencia.
Si la mayoría de las personas dependientes ingresan menos del SMI. ¿Cómo se pueden pagar los cuidados? Imposible. No es posible autofinanciar los cuidados y si se pide valoración de dependencia, que llega tarde, cuando la situación ha empeorado, lo normal es que se ofrezca lo menos inclusivo y mayor negocio: Residencia. Pero hay más opciones, claro:
-SAD: Si se queda en su domicilio (normalmente, solo), se le asigna SAD y teleasistencia, quizás con un vergonzoso copago. ¿Sus necesidades están cubiertas con 1 hora? y, ¿sin lavar hasta las 12 porque es lo asignado? Lo cierto es que las trabajadoras del SAD han recibido menos formación inicial que hace 15 años, pueden tener un contrato de 30 horas y trabajar 40, al no contar bien desplazamientos de un servicio a otro. Las subrogaciones, constantes. Sus enfermedades y riesgos profesionales, también. En positivo: pocos casos de mala praxis, independencia económica y derechos para la trabajadora, la usuaria permanece en su entorno. Negativo: Insuficiencia y desaparición del contacto con Trabajadores Sociales de zona.
-Centro de Día: La solución Centro de Día no funciona si la casa no es accesible (barrios obreros). Así llegamos a otra encrucijada: residencia o contratación directa.
-Residencias privadas y concertadas: Cada día se parecen más a campos de anulación, incluso en estancias temporales. En lugar de apoyo respetuoso no es raro encontrar demasiado abuso de medicación, sujeciones y cuidados perjudiciales para autonomía-dignidad. Despiden a profesionales éticos y se quedan los sumisos. Frecuente connivencia con el poder: ausencia de inspección, de sanciones. Se tapan las quejas. Los residentes tratados -a veces- como incapacitados judiciales: despojados de sus derechos ciudadanos al ingresar. Y es sólo la punta del iceberg de la mala praxis.
-Contratación directa: Desgraciadamente, aquí no existe un banco o registro de trabajadores/as del SAAD, acreditados, con garantías mutuas y financiación mayor o menor como en otros países. No, aquí las empresas concertadas para “el cheque” funcionan como ETTs, encarecen, no se responsabilizan del servicio, pero sí de llevarse su buena comisión. Con la inmigración, está siendo una salida laboral para mujeres con escasa formación acreditada. Siendo un tema complejo, no es infrecuente la mala praxis. La utilización de contratos de servicio doméstico es una perversión doble: no presupone profesionalización y desprotege claramente a trabajadoras y trabajadores (sin derecho a desempleo y con cotizaciones ínfimas). Por desgracia, no todo este colectivo reivindica la incorporación al Régimen. General, por el asunto del IRPF. A río revuelto,….
Como conclusión, urge la profesionalización, la separación de los cuidados del empleo doméstico, sin más, y la asociación o autogestión de cooperativas de cuidados, evitando intermediarios, con garantías bilaterales. Hay pasos en este sentido, pero no los suficientes.
Sin profesionalización, no hay promoción laboral, por ello es inaplazable la regulación y renovación de los perfiles profesionales idóneos para llevar a cabo los cuidados.
Urge la profesionalización, la separación de los cuidados del empleo doméstico, sin más, y la asociación o autogestión de cooperativas de cuidados, evitando intermediarios, con garantías bilaterales.
Podemos seguir tirándonos la pelota pero, realmente, lo que hay que exigir es UNIVERSALIZACIÓN YA, como en educación o sanidad. De lo contrario, no podremos hablar de verdadero sistema y durante mucho más tiempo seguirán llegando esas noticias sobrecogedoras de mayores maltratadas por sus cuidadoras y de gente que muere sola.
