COLUMNISTAS | MONCHO ALPUENTE
Ocurrió en Sudáfrica hace unos meses. La policía
acabó con las vidas de seis mineros huelguistas al reprimir una manifestación.
Una noticia más, un suceso habitual de la crónica negra que rellena los
periódicos con letra pequeña y sangre anónima en páginas perdidas.
Cuanto más lejos se produce el evento menos afecta
a los que desayunamos con el periódico abierto en otra parte del mundo. 2.000
muertos en la India
pesan menos que un cadáver a la puerta de casa. La muerte de los mineros
sudafricanos se perdió pronto, no hay nada más viejo que un periódico de ayer
reza un axioma periodístico. Seis víctimas más para engrosar la interminable
nómina de la ignominia. Pero esta vez la noticia tuvo una secuela aún más
inquietante aunque también viniera con letra pequeña y en un rincón olvidable:
Invocando una ley de la época del apartheid los jueces que juzgaban la masacre
decidieron acusar a los mineros huelguistas por la muerte de sus compañeros
abatidos por la policía. La argumentación del tribunal era tan simple como
criminal: Al convocar y seguir la manifestación los mineros habían puesto en
peligro la vida de sus compañeros, suponemos que también las de los policías
represores y asesinos, y por lo tanto eran responsables de las muertes
acontecidas. Nunca sabremos si en el dictamen judicial se incluían posibles
indemnizaciones a los verdugos policiales por los daños morales que pudieron
sufrir al tener que matar a los revoltosos. Y no lo sabremos porque un dictamen
posterior invalidó su decisión por referirse a una ley obsoleta y fuera de uso.
En España, el desafuero felizmente abortado de los jueces sudafricanos sirvió sin embargo como precedente para reafirmar las reformas del código penal suscritas por el presunto ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, compartidas y celebradas por el gobierno del PP, especialmente por el ministro del Interior (de lo Anterior) y por la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. El organizador de las manifestaciones del 25 S ha sido condenado a una multa de 5.000 euros como responsable de los incidentes y de las desaforadas cargas policiales de los antidisturbios y en las nuevas leyes se recogen graves multas y penas de cárcel para los convocantes de manifestaciones en las que se produzcan actos violentos y alteraciones del orden público. Una ley del apartheid sudafricano al alcance de todos los españoles.
