El endurecimiento coordinado de las leyes de seguridad ciudadana, seguridad privada, aborto, y código penal y la anunciada nueva ley de servicios mínimos o la ley de procesamiento penal, promoviendo el colaboracionismo ciudadano con el orwelliano “concepto integral de seguridad pública”, supone de facto laminar los derechos de manifestación, libre expresión, huelga, información y libertad sexual. Estas nuevas normas se cierran como un puño frente a los trabajadores y la población en general, amenazando con golpearnos con más fuerza que nunca en defensa de la “seguridad y tranquilidad ciudadanas”.
