Premià de Mar (Barcelona) | Ilustra: LaRara | Extraído del cnt nº 423
Las condiciones propias del encierro (hacinamiento, proximidad y contacto físico) hacen de las cárceles focos potentes de propagación de las enfermedades al no cumplirse en ellas las medidas mínimas sanitarias en cuanto a mantener distancias, higiene, etc. Las características socio-sanitarias de especial vulnerabilidad de la población penitenciaria incrementan el riesgo en caso de contagio del coronavirus. Sin embargo, la gestión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) de la cuestión sanitaria derivada del Covid-19 se ha caracterizado, desde el principio, por el énfasis en la eliminación de los pocos derechos que tienen las personas presas, la restricción de los elementos más cercanos a la inserción, la restricción del contacto con las familias y amistades, y un desprecio por su salud.
En prisión es donde hay más gente considerada vulnerable: personas enfermas, mayores, drogodependientes, que provienen de la pobreza extrema, que cuentan con patologías, etc. Una epidemia dentro de los muros podría suponer una auténtica masacre. Incluso la Orden INT/227/2020, dictada por el Ministerio del Interior el 15 de marzo, reconoce que los internos son un «colectivo vulnerable», por lo que suspende todas las comunicaciones presenciales y todos los permisos, lo que objetivamente aumenta la penosidad de la permanencia en prisión y ya ha originado algunas protestas.
En las cárceles españolas sabemos que el virus ya ha entrado: ha fallecido una interna de 76 años. Muy triste que esta persona a su edad, no se encontrara en libertad ya, teniendo en cuenta que el artículo 91 del Código Penal permite conceder la libertad condicional a presas de más de 70 años. Además, 38 funcionarios han dado positivo en las pruebas del virus y más de 200 están en cuarentena. Muchos presos se encuentran aislados, sin visitas y han suspendido todas sus actividades, pero dada la masificación y el hacinamiento de las prisiones resulta imposible parar la epidemia.
TALLERES Y TRABAJO NO REMUNERADO DENTRO DE LAS PRISIONES CATALANAS
El CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción), es una empresa que gestiona los internos de los Centros Penitenciarios de Catalunya, donde tienen a las personas presas en condiciones de precariedad, con la posibilidad de trabajar para otras empresas externas, como por ejemplo el Corte Inglés, por lo que el beneficio que obtiene de la cárcel es enorme. Por un lado es quien suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y carceleros, mantas, colchas, los lotes higiénicos, cuando se dan,… Y todo este material lo producen los y las presas con sueldos que no pasan de 240€ al mes, si es que lo llegan a cobrar.
En prisión es donde hay más gente considerada vulnerable: personas enfermas, mayores, drogodependientes, que provienen de la pobreza extrema, que cuentan con patologías, etc. Una epidemia dentro de los muros podría suponer una auténtica masacre.
Son muchas las empresas que se nutren de esta mano de obra barata privada de su libertad, como SEAT, VOLVO, RENAULT, … RAIMAT en Lleida. Florentino Pérez construye cárceles y después cobra el alquiler como el caso de Brians 2, y otras cárceles de Manresa, Figueres, Tarragona y de todo el Estado español.
Durante lo que llevamos de confinamiento por el Covid-19, dentro de las prisiones los talleres y la producción no se ha parado. Las personas presas que participan en estos talleres están expuestas a contagiarse por varios motivos:
- Los camiones que transportan el material no han dejado de entrar y salir.
- Nadie usa mascarillas ni guantes.
- Se están fabricando mascarillas y material sanitario y sabemos que no son para la sanidad pública, si no que son encargos de otras empresas.
¿Porqué a los y las presas no se les ha facilitado su lote de protección contra el coronavirus, si son ellas las personas que las están produciendo?
COMUNICACIONES FAMILIARES
El 15 de marzo se declaró el estado de alarma. Ese mismo día el Ministerio de Interior publicó una orden que se limitó a establecer nuevas restricciones en las cárceles: suspensión de comunicaciones, permisos y salidas, y ampliación de la comunicación telefónica. Una comunicación telefónica cuyo pago asume la persona presa y que, en caso de no tener dinero, elimina o reduce al máximo el contacto con el exterior. Sin embargo, no se incluyó ni una sola mención con respecto a cómo se iba a proteger la salud de las personas presas, no se desarrollaba cómo debía ser y en qué condiciones el cuidado de la salud de las personas enfermas y otras medidas de prevención de las personas sanas, más allá del aislamiento.
Desde Catalunya se abrió un plan piloto de videollamadas. Existe un plan piloto de videoconferencias. Empezó el pasado martes 24 a modo de prueba en la cárcel de Quatre Camins (La Roca del Vallès) y la idea es hacerlo extensible a todas las cárceles catalanas. Esto permitiría hacer videollamadas entre compañerxs presxs y familiares. Esta medida pretende compensar las visitas vis a vis y de locutorio con el uso de nuevas tecnologías. No sabemos cuántas llamadas se podrán realizar ni con qué frecuencia. Tampoco quién tendrá acceso a esta opción y quién no, ni tampoco qué pasará con lxs compas que están aisladxs.
Fuera de Cataluña aún no se ha implantado esta alternativa; según el Ministerio del Interior hay una intención de comenzar a instaurarlo. Por otro lado, según Instituciones Penitenciarias, se ha doblado el número de llamadas, pasando de ser de 10 a 20; serán de 8 minutos cada una. Las llamadas tienen un coste. Solo para quienes puedan justificar que carecen de recursos económicas, serán gratuitas.
El pasado 2 de abril el grupo de Familias de Presos de Catalunya elevó al Secretario de Servicios Penitenciarios de Catalunya sus quejas por el sistema de videoconferencias, así como la petición expresa de libertad inmediata para las personas presas: mayores de 70 años, con enfermedades crónicas o terminales, madres embarazadas y con hijos menores de 3 años, presos con el 3er grado o con permiso para trabajar, y preventivos.
¡Pero esto es un gran engaño! Tanto para los familiares como para las personas presas, pues son concientes que el calor de un familiar, amigx o compañerx en una visita vis a vis, no es sustituible por un teléfono, tablet u ordenador, y que muchas de estas personas ni tienen acceso a la tecnología ni saben utilizarla.
Es por esto que el 2 de abril el grupo de Familias de Presos de Catalunya hizo esta denuncia al Secretario de Servicios Penitenciarios de Catalunya.
RESPUESTA DE LAS PERSONAS PRESAS ANTE EL CORONAVIRUS.
El pasado 2 de abril el grupo de Familias de Presos de Catalunya elevó al Secretario de Servicios Penitenciarios de Catalunya sus quejas por el sistema de videoconferencias, así como la petición expresa de libertad inmediata para las personas presas: mayores de 70 años, con enfermedades crónicas o terminales, madres embarazadas y con hijos menores de 3 años, presos con el 3er grado o con permiso para trabajar, y preventivos.
El aislamiento forzoso dentro de las celdas ya ha dado lugar a las primeras protestas, motines y huelgas de hambre en las cárceles. En Zuera se habilitó un módulo entero, para albergar a personas afectadas por el virus, las demás se quedaron aisladas en sus celdas.
En el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, se conoció el primer caso de Coronavirus de una mujer que le quedaba poco para cumplir condena, a la cual le dieron la libertad el martes por la mañana, sin hacer las pruebas a las compañeras que compartian celda con ella. Los funcionarios que habían estado en contacto con ella no llevaban ninguna medida de protección para evitar el contagio a las demás presas.
En Brians 1, Un grupo de 25 presos no quisieron entrar en el comedor. A ellos se unieron el resto del módulo. Pero finalmente acabaron comiendo. Fuentes de Servicios Penitenciarios explican a El Nacional que 12 de los presos promotores de la protesta han sido trasladados a otras prisiones y el resto se les ha cambiado de módulo.
Y así en todas las cárceles del Estado.
