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El
proceso de liberalización del sector eléctrico iniciado en España en 1997,
gobernando el PP, continuó con el PSOE quién en 2009 designó a cinco empresas (Endesa, Gas Natural, Fenosa, Iberdrola, HC Energía y E.ON), las únicas que pueden
vender la energía eléctrica a tarifa.
Felipe Serrano (FACUA) | Periódico CNT
Siempre vinculado a directivas
comunitarias, nos dicen que con la finalidad de beneficiar al consumidor, sin
embargo ha conllevado hasta el momento en España una subida del precio de la
electricidad de casi el 80% en los últimos diez años. Subidas que se han visto
agravadas por la subasta impuesta por el Gobierno del PSOE en 2009, que
introdujo un plus de especulación en el sistema. Ello ha supuesto un incremento
espectacular de las quejas de los consumidores, situándose en la actualidad en
el tercer sector con más consultas y reclamaciones.
Pobreza energética
Esta liberalización ha ido acompañada
de la famosa “puerta giratoria”, ya que entre estas compañías y las de gas ha
dado lugar a que 24 altos excargos públicos de los distintos gobiernos de
España (Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP), entre otras personalidades) encuentren cabida en estas empresas eléctricas.
Sin embargo la pobreza energética y
la exclusión han aumentado en estos años. España es el cuarto país de la UE con
más personas en situación de pobreza energética. Siete millones de españoles
gastan más del 10% de sus ingresos en pagar las facturas de la luz y cuatro
millones no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en los
meses duros de invierno.
Al despropósito regulatorio
emprendido en estos últimos años por distintos gobiernos, se suma ahora, la
nueva metodología de cálculo de los precios de la luz y su facturación,
aprobada por el ministro Soria. No se entiende como una norma de tanta
importancia, se ha tramitado sin una participación activa de los legítimos
representantes de los consumidores, que sólo pudieron conocer el contenido de
la norma con un escaso plazo de cinco días para hacer las oportunas alegaciones.
Este aspecto, entendemos que vulnera los principios básicos de la participación
ciudadana (que los deja a su mínima expresión), evidenciando una clara falta de
voluntad por parte del ministerio de Industria y Energía de establecer
procedimientos de participación que hagan del consumidor y sus representantes
sujeto activo, y no meramente pasivo, en cuanto a la regulación de un sector como
es el energético que afecta en las
condiciones de vida de los ciudadanos, representando un suministro básico y
esencial para una vida digna y previos ya a los alarmantes avisos que se están
produciendo, no solo desde organizaciones sociales de España sino también desde
organismos internacionales en relación al aumento de la pobreza energética.
Tarifas para no saber
Los consumidores tendrán ahora
tarifas diferentes en función del tipo de contador instalado en cada domicilio y
de su integración, o no, en un sistema de telegestión que genera una clara
discriminación entre los consumidores y que impedirá conocer realmente el
precio de la electricidad antes de que llegue la factura. El precio de kw/h se
calculará cada hora y en base a perfiles de consumo estimados durante todo el periodo
de facturación (1440 tarifas distintas). Todo ello conforme a una fórmula
matemática de cálculo de tal complejidad que el Gobierno debe habilitar una
herramienta para que posteriormente el consumidor calcule y compruebe si su
factura es correcta.
Por lo que el galimatías que se ha
regulado, y que aplicarán las empresas eléctricas a todos los consumidores
domésticos, pone en evidencia que este sistema dista mucho de ser un sistema de
precios fácil, transparente, comprensible y comparable. Este sistema facilitará
a las compañías nuevas subidas injustificadas y provocará un autentico caos,
con un recibo infinitamente más opaco que hará prácticamente imposible
verificar si se producen errores o fraudes en la facturación. Es un caótico
modelo tarifario el impuesto en España por el gobierno del Partido Popular, que
ahora nos recorta hasta el derecho a saber el precio de la luz. No podemos
olvidar que la propia Ley de 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
establece en su artículo 44 el derecho a «ser
suministrados a unos precios fácil claramente comparables, transparentes y no
discriminatorio».
Vulnera la legislación española en
materia de consumo ya que no se conocerá el precio del servicio con antelación
a su aplicación y cobro y además se modificará el mismo sin facilitar esta
información previamente a los usuarios de manera que puedan decidir si aceptan
o no las nuevas condiciones que estable su compañía comercializadora.
Derechos vulnerados
La metodología de cálculo de los
Precios Voluntarios para el pequeño Consumidor (PVPC) y su régimen jurídico de
contratación plantea que los usuarios no podrán conocer de antemano las tarifas
que les aplicarán. Así el importe de cada KW/h consumido será distinto cada día
o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores.
El nuevo sistema de tarifas impuesto
por el Gobierno, no sólo facilitará a las compañías nuevas subidas
injustificadas, sino que vulnera la legislación española en materia de consumo,
según lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto 1/2007, de 16 de
noviembre, en el artículo 85.10 de la citada norma se consideran abusivas «las clausulas que prevean la estipulación
del precio en el momento de la entrega del bien o servicio». La información
sobre el precio de un servicio antes de su contratación en un derecho esencial
de los consumidores, reflejado en el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Asimismo se debería entender como
práctica abusiva de acuerdo al artículo 85.7 de Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores
Usuarios y otras leyes complementarias, según el cual: «Las cláusulas que supongan la supeditación
a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del
empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor y
usuario se le haya exigido un compromiso firme».
La nueva factura no va a ser
entendida por los consumidores y desde luego va a ser más difícil demostrar los
errores y es que implica la imposición al consumidor del pago de tarifas que no
conocerá hasta recibir la factura y que dependerán del mecanismo de fijación en
el mercado mayorista diseñado por el Gobierno del PP a finales de los 90. Los
problemas van a surgir el primer mes: cuando un usuario reciba un susto porque
el mercado se haya disparado y llegue una factura más que alta en su precio.
¿Qué pasará cuando empiece a llegarle al usuario la factura con un precio
distinto cada hora?. El Gobierno actual, lo que ha hecho es desentenderse, ya
que lo ha dejado en manos de las empresas
y estas están en manos de bancos nacionales como BBVA, Santander o extranjeros
como Golmand Sanchs.
Mayor exclusión social
Para los consumidores vulnerables no
está recogida la diferenciación del procedimiento de suspensión para este tipo
de usuarios, en este sentido ante la situación de aumento de la pobreza
energética en España que afecta irremediablemente al acceso de una parte de la
población a un suministro esencial y básico como es el eléctrico y la
inexistencias de medidas que impidan que una familia o usuario pueda ser
privado de electricidad, generando con ello mayor exclusión social, por la
imposibilidad de hacer frente a los altos precios del suministro, afectando a
un colectivo cada vez más desprotegido, el consumidor doméstico y que no se le
garantice que no le será suspendido el
mismo durante aquellos periodos en los que la temperatura externa pueda poner
en peligro la salud de aquellos ciudadanos que no tengan acceso al suministro.
Prácticas fraudulentas
Las empresas eléctricas vienen
utilizando prácticas comerciales fraudulentas por las empresas eléctricas, como
que realicen visitas a los domicilios de los usuarios o contactando por teléfono a raíz de los cambios
que se han efectuado en la normativa que regula las tarifas con la entrada en
vigor del Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo, para pasarlos del mercado
regulado al libre, a pesar de no haber (a veces) dado su consentimiento para ello. Al pasarse al mercado libre
las tarifas a aplicar son fijadas libremente por cada empresa así como las
condiciones de contratación. Para ello ofrecen un descuento del 10% ó 15% que
no es tal, ya que solo es sobre la potencia contratada y además les imponen un
denominado «servicio de asistencia técnica» por importe de 6 Euros o más en la
factura bimensual, que es como un seguro, que ya lo tiene cubierto el
consumidor con el seguro hogar de su vivienda. Estos nuevos contratos recortan
sus derechos y eliminan algunas de las obligaciones impuestas a las eléctricas
que permanecen vigentes en el mercado regulado.
Endesa y sus facturas con ICP
Algunas compañías como Endesa,
utilizan prácticas fraudulentas contra sus usuarios, ya que les vienen pasando
desde hace más de dos años, en la factura bimensual un importe de Penalización
por ICP de 6 € o de 12 € e incluso de más cuantía, la inmensa mayoría de sus
clientes, no saben a que corresponden, cuando preguntan que es el ICP (que
significa Interruptor de Control de Potencia) y se ponen en contacto con la compañía,
esta les indica que es la Penalización por no tenerlo instalado en su
domicilio, sin embargo no les comunicó de una manera cierta que era obligado
tenerlo. Por lo que, se está Endesa beneficiando de miles de euros, sin haber
cumplimentado sus obligaciones de aviso a sus clientes.
Iberdrola incoada
La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Iberdrola
Generación por su actuación previa a la subasta del pasado diciembre y que el
Gobierno anuló para evitar una subida de la luz del 11%. Iberdrola puede ser
sancionada en base al artículo 60, apartado 15 de la Ley del Sector Eléctrico
en vigor en aquellas fechas. Este artículo establece que «una infracción muy grave» la «manipulación
fraudulenta que altere precio». Iberdrola niega haber cometido
irregularidades sobre manipulación de precios en torno a la subasta, la CNMC
abrió un análisis sobre aquellos días y en un primer informe, determinó que se
habían producido «movimientos atípicos» y quedó pendiente de concluir un
segundo informe.
De confirmarse las gravísimas
irregularidades, Competencia debe de aplicar la multa máxima que fija la ley
para las infracciones muy graves. Las irregularidades constatadas por la CNMC
ponen de manifiesto una vez más la necesidad de desarrollar una auditoria
histórica sobre el déficit de tarifa con el objeto de determinar si las
eléctricas han venido hinchando artificialmente los precios de la luz desde la liberalización
del sector emprendida hace década y media.
