Cualquier crisis supone una oportunidad para implementar una política de reajustes. Magnífico administrador de los tiempos, el Estado español, dando por superadas las dramáticas repercusiones de la debacle económica de 2008, considera que ha llegado el momento de coser algunos de los rotos que le han salido durante cuarenta años de andadura. El mayor de estos descosidos no se lo ha provocado, como hubiéramos deseado, una revuelta de las exangües clases trabajadoras, sino un movimiento de desobediencia capitaneado –aunque dicho liderazgo se viese eclipsado en la calle por la sociedad civil– desde las instituciones catalanas, de carácter transversal pero, al mismo
tiempo, con un inequívoco componente popular nacido de un profundo malestar social.
El contexto que plantea dicho movimiento, más peligroso que otros por cuanto una urna siempre estará dotada de mayor legitimidad que un arma, ha servido de excusa al Gobierno para aplicar un instrumento excepcional, el famoso artículo 155 de la Constitución que ampara la intervención de una Comunidad Autónoma. Como excepcional, podría pensarse en principio que su aplicación se limitará temporalmente a Cataluña, pero conviene no llevarse a engaño: su eco retumbará en todos los territorios y en todas las esferas durante un espacio prolongado.
El 155 es la antesala de la Retransición, compuesta por una serie de reformas para ofrecer respuestas a los retos y dilemas a los que se enfrenta una sociedad del siglo XXI. Del posible alcance que tenga da testimonio el hecho de que los encargados de diseñarla sean los mismos actores que ya protagonizaron la anterior Transición, a saber, los viejos partidos y la Monarquía, sólidamente auxiliados por los poderes económicos. En resumen, estamos ante un acuerdo oligárquico ceñido a la idea machacona de “atado y bien atado”, auténtico lema de toda una generación.
Con Ciudadanos en su habitual papel de mera comparsa, la oposición, representada por Unidos Podemos y los nacionalismos periféricos, apenas se antoja algo más que anecdótica, pues el marco institucional al que se ciñen estrecha su margen de maniobra. En efecto, una Transición no modifica su curso a través de mociones y propuestas de una minoría siempre fluctuante. Mientras tanto, con unos sindicatos mayoritarios convertidos, como hemos corroborado estos días, en correa de transmisión de los agentes políticos, la protesta social se encuentra en sus momentos más bajos. Las plazas, antaño abarrotadas de multitudes indignadas y no movilizadas por siglas, se
encuentran ahora vacías: todos los intentos de resucitar el espíritu del 15M no han fructificado. Solo, muy de vez en cuando, algún aldabonazo de un movimiento obrero cada vez más dividido, sectorializado y gremializado nos recuerda que los derechos se conquistan luchando.
Si el punto de partida ya es de por sí desolador, la involución social se agravará durante la Retransición. Parte de nuestras compañeras se enfrentarán a una situación desconocida durante los últimos cuarenta años: la suspensión de la autonomía con la siguiente merma de derechos y libertades, a la vez que el resto vivirá pendiente de la amenaza que asienta el precedente. La cotidianidad se verá también condicionada por un resurgido sentimiento nacional español
instrumentalizado por el Estado como su refrendo popular. De ahí que a partir de ahora quienquiera que cuestione la gestión gubernamental, critique el marco constitucional o se oponga a algunos de sus fundamentos será susceptible de recibir la etiqueta de “antipatriota”, en toda una campaña de estigmatización social paralela a la criminalización legal y la persecución política que ya vemos darse en varios casos.
Pero, aunque el panorama parece abonado para un populismo de derechas y ultrapatriótico como única alternativa posible, no tiene por qué ser así. O no debería si, en vez de refugiarnos tras las barricadas de supuestos esencialismos ideológicos, emprendiéramos una valiente batalla por la comunicación, procurando dar un mensaje propio a problemas reales y actuales. No es tarde, por más que todavía quede mucha pedagogía que recorrer.
SP del Comité Confederal
Confederación Nacional del Trabajo
