Con la propuesta de eliminar las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda, de nuevo el gobierno de Zapatero vuelve a mostrar su verdadero talante, apuntalando a los especuladores frente al pueblo trabajador.
De nuevo, podemos comprobar como el gobierno del Estado español está más interesado en defender al capital que en proteger a los y las trabajadoras de este país ante el galopante desempleo.
En el último debate parlamentario sobre el estado de la nación, hemos escuchado una batería de medidas para “acabar” con la crisis económica (¿alguna vez el proletariado ha dejado de estar en crisis?) entre las cuales, por su importancia, nos ha llamado la atención la de finiquitar las ayudas, a través de desgravaciones fiscales, a la compra de la vivienda a partir del año 2011. Asistimos a un nuevo acto de desfalco social por las consecuencias perversas de la medida tomada.
Como ocurrió en el pasado, con medidas como la ayuda a los alquileres que sólo beneficiaron a los caseros que de esta manera pudieron incrementar el precio de sus viviendas, la nueva medida planteada por este gobierno ¿socialista?, volvemos a encontrarnos con unas consecuencias perversas para los trabajadores y trabajadoras. Cuando peor está el sector económico más especulativo de España, como es el de la construcción, que durante años ha obtenido pingues beneficios y que ahora tiene cientos de miles de viviendas imposibles de vender; cuando esta misma condición de mercado “saturado” estaba provocando una bajada del precio de las casas, que podía facilitar a los obreros su acceso a un techo en donde vivir, esta iniciativa de acabar con las desgravaciones fiscales sólo tiene una lectura: provocar que muchas familias que esperaban poder acceder a una vivienda a precios más bajos se vean en la necesidad de comprar en el próximo año, al tiempo que los especuladores inmobiliarios pueden mantener precios altos pues saben que tienen un mercado cautivo.
Un ataque directo contra la clase obrera escondido tras toda una parafernalia de supuestas medidas sociales. Como ocurrió en el pasado, ocurre en la actualidad, siempre la legislación está a favor del capital, independientemente del supuesto color social que pretenda representar el gobierno de turno. Ya se defendió a los bancos que, en su afán de obtener cada vez más beneficios, fueron capaces de hipotecar a media España y arruinar a la otra mitad; ahora toca sacar del apuro a las inmobiliarias que han convertido en un continuo de cemento el paisaje de este país, vendiendo el metro cuadrado a precio de oro. Si lo que se busca es acabar con la especulación inmobiliaria, como se ha dicho, ¿por qué se potencia y se fortalece a los especuladores?
Realmente es doloroso asistir a este robo con guantes blancos viendo la pasividad e inmovilismo reinante, una resignación que en el paso tenía tintes religiosos pero que en la actualidad es producto de la propia incapacidad para comprender la realidad, potenciada sistemáticamente desde el poder, que sólo le interesa un pueblo pasivo engañado por medio de una supuesta democracia. Sólo una última reflexión: ¿Por qué no se cumplen los planes de vivienda social, lo que acabaría de verdad con la especulación inmobiliaria?
