El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones y los “llamados interlocutores sociales” acordaron el pasado mes de julio promover la celebración de convenios de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a fin de que las mutuas gestionen las bajas traumatológicas por contingencias comunes.
La tramitación de las bajas, su continuación y las altas médicas, seguirán siendo competencia de los servicios públicos de salud, siendo necesario el consentimiento informado del paciente que podrá ser revocado en cualquier momento.
Desde la CNT consideramos que este acuerdo, cuya efectividad va a depender de la voluntad de cada una de las diferentes CCAA, es un paso más hacia la privatización de la sanidad pública bajo el pretexto de “agilizar” el tratamiento durante las bajas, y se inscribe en un movimiento de fondo cuyos origines podrían buscarse en la ley 35/2014, de 26 de diciembre, que abrió la puerta a la gestión por las mutuas de la prestación económica de las bajas por contingencias comunes
El falso problema del “absentismo laboral”, concepto que integra, según pretende la patronal, las bajas médicas acordadas por los servicios médicos; las licencias y permisos autorizados o la conciliación familiar, unido a la “duración excesiva de las bajas” son las coartadas para dar este nuevo paso que respondería, en palabras de un representante de la patronal, a “un plan” bien estructurado y meditado.
Esta nueva medida, si se implanta, contribuirá a empequeñecer aún más el perímetro de nuestra sanidad pública; no aborda los verdaderos problemas como son su falta de recursos y de inversión; obvia que las mutuas son entidades privadas constituidas por empresas y velando por sus intereses y que el objetivo de reducir, a cualquier precio, la duración de las bajas, es un serio atentado a la salud de las personas trabajadoras, vulnerándose lo dispuesto en los arts. 15, 40 y 43 CE, de ahí nuestra radical oposición: nos va en ello nuestra salud y el futuro de la sanidad pública.
