De nuevo, con la misma excusa -la internacionalización- de las anteriores reestructuraciones de la ensañanza universitaria se sigue avanzando en obstaculizar el acceso (y la permanencia) de la clase trabajadora a las universidades.
Los Grados Universitarios implantados en el Plan Bolonia tienen una duración de 4 años (240 ECTS), estos supusieron la desaparición de las antiguas Licenciaturas (y equivalentes) y la aparición de algunos Máster necesarios para ejercer determinadas profesiones. Es con la nueva reforma con la que esto se convertirá en la norma.
Con la nueva reforma, las universidades podrán crear grados que oscilen entre los 180 ECTS (3 años) y los 240 ECTS, pero en el caso de profesiones reguladas, es el Gobierno el que establece las condiciones. Por lo tanto, la flexibilización pregonada no es tal cosa. Sin embargo, sí veremos aumentar la competencia entre universidades púbilicas con sus planes de estudios diferenciados. Esta competencia posibilita la mayor presencia de empresas y financiación privada.
Para los nuevos Grados la reforma dice:
“[…]primen los contenidos generalistas y de formación básica en los planes de estudios de títulos de Grado[…]”
Es decir, se pretende que los nuevos Grados no formen suficientemente para el desempeño de una profesión y así, hacer imprescindible los Máster (2 años) para adquirir conocimientos especializados. Esto nos lleva a un gran encarecimiento de la enseñanza universitaria, ya que el crédito (ECTS) en España es mucho más caro en los estudios de Máster. Además, el acceso a becas en los estudios de Máster es menos accesible.
Como vemos, la nueva reforma encarecerá los estudios sustancialmente y dificultará el acceso a determinadas profesiones. Otra posible consecuencia será la reducción de profesorado, ya que se reducirá la duración de los estudios de grado y para muchos/as estudiantes el estudio de un Máster será inaccesible.
Y en esa escalada de la dificultad para completar todos los peldaños educativos, que tienen el Doctorado como la máxima titulación que alcanza a reajustar este decreto, las posibilidades de un alumno/a de nuevo ingreso de acabar siendo doctor/a estarán de nuevo a merced de su capacidad económica. El complejo entramado legal nos obliga a hacer referencias externas a este decreto para entender con qué razones podemos afirmar que los filtros para poder hacer una tesis doctoral serán mayores. Ya en la reforma anterior se colocaba el posgrado escalonado con la obligatoriedad de cursar un máster universitario previo paso a la realización de un doctorado cambiando la situación anterior de los antiguos Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o “cursos de doctorado”. Además, al aumento desproporcionado de las tasas universitarias anuales para la entrada en uno de los nuevos programas de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, se suman el, a todas luces, insuficiente número de becas para el desarrollo de estudios de investigación. Por poner solo un ejemplo, en las últimas dos convocatorias del programa de becas de Formación del Personal Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el número de concesiones se ha rebajado de 950 a 800 para todas las ramas de la ciencia y para todas las instituciones universitarias españolas. Si al aumento del precio de los estudios que ya hemos mencionado, le añadimos el gasto que supone una tesis doctoral en desplazamientos o material se hace casi inviable soportar esta carga económica para el grueso de la población sin una financiación externa.
Por tanto, cuando esta reforma educativa llamada del 3 +2 o “reforma Wert” anuncia en su artículo 2 la modificación del Real Decreto 99/2011 para reflejar la obligatoriedad de haber superado grado y máster, siempre que el cómputo de créditos sea de 300 ECTS, está demostrando ser un instrumento para alcanzar por una última vía la reducción del número de doctores/as.
No nos extrañaría que en un futuro cercano, cuando empecemos a padecer las consecuencias de esta reforma, nos presenten la solución “mágica” a esta problemática: las Becas-Préstamo. Así obtendrán una nueva clase trabajadora más endeudada y sumisa (si cabe) que la actual.
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