Con la escandalosa cifra de casi seis millones de parados oficiales, una destrucción del tejido económico galopante en el que comarcas enteras pierden toda fuente de empleo, parece que no hay alternativa a esta situación, donde la mentalidad del derrotado es la que quieren que impere. Si tomamos la media de las horas trabajadas en el estado (las legalmente computadas), en 2003 fueron 1.719 horas por persona trabajadora, mientras en 2011, se había reducido a 1.690. Lo más curioso es que desde 2007 esa cifra no ha parado de aumentar: 1.658 en 2007, 1.663 en 2008, 1.669 en 2009, 1.674 en 2010 y 1.690 en 2011. Cuando el paro ha aumentado, las horas trabajadas también. Si atendemos a los salarios, hemos de fijarnos en los salarios reales, no nominales. Los nominales están medidos en euros y no incluyen el incremento del coste de la vida, por lo que hacer comparaciones temporales no tienen sentido. Para eso utilizamos los salarios reales, que tiene en cuenta el coste de vida: si los salarios nominales subieran más que el coste de la vida, mejoraría el salario real; pero si ese aumento fuese menor, el salario real estaría disminuyendo, esto es, se daría un empobrecimiento. A la hora de calcularlo, hemos de tener en cuenta cómo cuantificamos la variación del coste de la vida, y generalmente se utiliza el índice de precios al consumo (IPC).
El siguiente problema que podemos tener es cómo se ha calculado dicho índice, que mide el crecimiento de los precios de una determinada cesta de bienes de consumo. El Instituto Nacional de Estadística es el encargado de elaborarlo, de determinar ya que dependiendo qué bienes y servicios se incluyen en esa cesta, y el peso específico (ponderación) que van a tener. Esto implica un sesgo a la hora de valorar el aumento del coste de la vida, ya que depende que bienes y servicios se incluyan y cómo se ponderen, el IPC tendrá un signo u otro. Lo que nos arrojan los datos es que los salarios reales entre el año 2000 y el 2010 se han mantenido estancados. Podemos utilizar otro camino a la hora de calcular los salarios reales, empleando el deflactor del PIB en vez del IPC. Este deflactor mide el incremento de precios de todos los bienes y servicios de una economía y por lo tanto es más adecuado para medir la capacidad adquisitiva. Midiendo la evolución en el periodo 1994-2007, el resultado que obtenemos no es un estancamiento de los salarios, sino su disminución. En el periodo 2007-2008 estadísticamente los salarios reales aumentan, debido a que los primeros despedidos son los precarios, temporales, etc, que son la capa de la clase obrera que menos cobra. Al haber menos trabajadores, y los que quedan ser los fijos y mejor remunerados, se da ese efecto de falso aumento de salarios.
Cuestión que rápidamente vuelve a la tónica anterior una vez que estos últimos empiezan a ser despedidos también, por lo que vuelven a caer los salarios. Esto es una tendencia de las últimas dos décadas, haya crisis o no.
Los costes laborales unitarios, que incluyen los costes del salario y los de las cotizaciones sociales, tendieron a disminuir entre 2009 y 2011, siendo de un aumento del 1,5% en 2009, una disminución del 2% en 2010 y otra disminución del 1,4% en 2011. Además, la remuneración de los asalariados (que incluye los salarios nominales y cotizaciones) en el periodo 2010-2011 ha ido muy por debajo de la productividad de la economía. Todos estos datos demuestran la falacia de que el problema de las empresas y de la economía son los costes laborales y que la responsable de la baja competitividad de la economía es la clase trabajadora. Con este bombardeo de cifras, la conclusión queda medianamente clara. Estamos en un contexto de aumento del paro y de recesión, donde la economía
tiene problemas. Desde que comenzó la crisis en 2007, las horas trabajadas han sido más, pese a los despidos. Los salarios reales han caído durante la última década, a la vez que los costes laborales han disminuido y los salarios han estado por debajo de la productividad de la economía. Aun así, el capital nos sigue exigiendo bajadas salariales y trabajar aún más horas, utilizando para ello los medios de comunicación de masas, intelectuales de pago…
Desde CNT la apuesta es que la jornada laboral sea de 30 horas sin disminución de salario. Es la vía para disminuir el desempleo, y sacar de la marginalidad y pobreza extrema a cada vez mayores capas de la sociedad. Imaginémonos que, por un casual, se volviera a reabrir el debate de las 35 horas. Si con los datos en la mano respecto a salarios reales, horas trabajadas, costes laborales, productividad… nos siguen mintiendo y manipulando sin vergüenza alguna, ante este tipo de medida la oposición sería brutal.
Vamos a analizar la propuesta muy brevemente, centrándonos en la de 35 horas de trabajo por semana, por ser la propuesta de la que existen datos. Durante la década de los 90, en gran parte de Europa diferentes movimientos sociales y sindicales apostaron por reducir las horas de trabajo, llevando a cabo diferentes movilizaciones y medidas de presión. El hito fue el establecimiento de la medida en Francia por ley a partir del año 2000, lo que animó al resto de colectivos en Europa a apostar por el reparto del trabajo, con resultados desiguales, como la carta de derechos sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero la experiencia francesa ha valido para tumbar mitos, ya que no es ninguna panacea ni la varita mágica contra el desempleo y por el reparto del trabajo. La oposición por parte de la patronal está clara: el pleno empleo no interesa, ya que poder tener disponible un ingente ejército de reserva sirve de buen disciplinador de la mano de obra. Defienden que una reducción del horario de trabajo, si no viene acompañada por una reducción salarial de la misma proporción, no es suficiente para aumentar el empleo. Algo falso, ya que economistas han constatado que las reducciones de jornada se compensan al menos al 50% con aumentos de productividad. La reducción de jornada de trabajo con reducción proporcional de salario redistribuye las rentas a favor del capital, por eso es la versión que gusta a la patronal: de un contrato a jornada completa, a dos de parcial, dividiendo el salario. Sólo es un reparto de la miseria, no del trabajo. Y con aumento de productividad gratuito para el capital. De hecho, la aplicación de expedientes de regulación de empleo es una medida para trabajar y cobrar menos, sólo que favorable a la patronal y negativa para la clase obrera. La problemática que se planteó en Francia era que la patronal siempre ha estado en contra y la Administración tampoco fue a por todas con la medida.
Fue una medida de aplicación generalizada, pero para lograr una efectividad en su funcionamiento exige un fuerte control a la hora de crear los nuevos empleos sustitutorios y de eliminación de horas extraordinarias. Algo que la Administración nunca va a hacer.
El hecho de plantear la jornada semanal generalizada de 30 horas, como motor de mejora de las condiciones y calidad de vida, además de suponer una herramienta en contra del desempleo, implica que debemos hacer un análisis sobre este tipo de medidas y cómo aplicarlas, ya que ante el ataque de los intelectuales de pago, los medios de comunicación, etc., debemos tener las cosas muy claras, y ser capaces de explicaralas y justificarlas con una lucidez importante. Lo que requiere formación y análisis. Ocurre lo mismo con otras herramientas de lucha contra el desempleo como son las bolsas de trabajo y asambleas de parados. Este tipo de medidas y herramientas son positivas para la clase obrera y la ciudadanía en general siempre que se utilicen de una manera ética, pero van contra los intereses del capital. La lucha contra el paro y la exclusión social mediante la adopción de este tipo de medidas va a suponer una dura lucha contra el capital, ya que la actual situación le favorece e interesa, por lo que la resistencia a su aplicación va venir condicionada por la correlación de fuerzas que haya en un momento dado.
Endika Alabort
CNT Bilbao
