La actual Reforma de la Negociación Colectiva hay que enmarcarla dentro de la estrategia permanente de la elite financiera y económica para desmantelar progresivamente los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
Después de la dura Reforma laboral aprobada en septiembre de 2010, el Gobierno, la Patronal y los sindicatos CCOO y UGT firmaron en Febrero de 2011 el ASE (Acuerdo Social y Económico). En este nuevo pacto social se contemplaban tres ejes fundamentales: por una parte, la Reforma del Sistema Público de Pensiones que se ha materializado en la ley de adecuación, actualización y modernización de la Seguridad Social que quedó definitivamente aprobada el pasado mes de Julio y entrará en vigor el 1 de Enero de 2013. En segundo lugar, la Reforma de las políticas activas de Empleo que se tradujo en el RD 3/2011 y por último, la Reforma de la Negociación Colectiva aprobada por el Real Decreto 7/2011 de 10 de Junio.
Tras varios meses de negociación entre los sindicatos oficiales y la patronal y cuando prácticamente existía ya un preacuerdo en el que CCOO y UGT habían aceptado la casi totalidad de las demandas empresariales, la CEOE escenificó la ruptura del proceso negociador convencida de que el Decreto que dictara el Gobierno sería aún más favorable para sus intereses que lo acordado con los sindicatos en la mesa de negociación.
Finalmente, así fue. El 11 de Junio el BOE publicaba el Real Decreto 7/2011 de 10 de junio de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. Un decreto que el gobierno ha querido presentar como “urgente” y “equilibrado” y que pretende, según ellos, adaptar la negociación colectiva a la realidad cambiante de las empresas, dinamizar y flexibilizar las relaciones laborales de nuestras empresas para lograr que nuestra economía sea más competitiva y genere más empleo.
La realidad es que está Reforma multiplica el descomunal desequilibrio a favor de los empresarios que existe en el actual marco de relaciones laborales en este país. En modo alguno era necesaria, ni mucho menos urgente, pero se ha hecho por imposición de eso que ellos llaman los “mercados”, teniendo unos claros beneficiarios que son los empresarios y unos damnificados que somos el conjunto de los trabajadores.
